COMUNICADO AL PAÍS DE LA RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ
Desde mitad del siglo pasado la violencia en Colombia no ha tenido tregua. Hoy estamos siendo interpelados por las victimas del conflicto armado, entre quienes se cuentan mas de cuatro millones de desplazados, familiares de más de 15.000 asesinados cada año, centenares de desaparecidos y de secuestrados. Las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como los nunca terminados grupos paramilitares y narcotraficantes ofenden y pisotean la dignidad del pueblo colombiano.
La inequidad que hunde en la pobreza a inmensas mayorías de la población, en un país con grandes riquezas y potencialidades, aunada a leyes, políticas y decisiones gubernamentales que protegen y benefician a los poderosos en detrimento de los más pobres y del país; la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables y de sus defensores; la impunidad y las dificultades de acceso a la justicia, impiden el goce integral de los derechos humanos y la aclimatación de la paz con justicia social.
Nuestras selvas, ríos, llanuras y montañas sufren un deterioro espeluznante prohijado muchas veces por políticas estatales que permiten y entregan en concesión nuestros recursos mineros y bióticos a postores depredadores de la naturaleza, que desalojan muchas veces a sangre y fuego a indígenas y campesinos que los han conservado y protegido. Los llamados cultivos de uso ilícito y las erráticas fumigaciones; las grandes plantaciones de agrocombustibles y otras obras que no miden el impacto ambiental están llevando al país a un lamentable deterioro.
Nuestra democracia continúa siendo débil, la participación ciudadana es limitada y poco ilustrada; mientras que muchos de los que han llegado a altas instancias del Estado, lo han hecho de manera abusiva, intimidatorio y corrupta; hoy como nunca se ha evidenciado la corrupción en el acceso a los cargos públicos, un indicio de ellos es el fenómeno que se ha dado en llamar como “parapolítica”. Con el riesgo que la reelección presidencial conduzca de hecho a una democracia restringida que atenta contra los necesarios contrapoderes que se requieren.
Las instituciones y organizaciones sociales que desde hoy conformamos la Red Nacional en Democracia y Paz hacemos la opción y nos ponemos al lado de:
- Las Victimas, que exigen y requieren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sus heridas necesitan ser sanadas, mientras que sus esperanzas por un mejor futuro nos obligan a todos y todas, para hacerlas realidad. La defensa de los derechos humanos es una obligación para todos los ciudadanos, nosotros y nosotras nos comprometemos a ser sus promotores y voceros en los lugares y regiones donde trabajamos.
- Los pobres: la paz, anhelo de todos y todas los/las colombianos y colombianas, tendrá sólidas bases cuando tengamos un país más justo. La pobreza en Colombia tiene raíz principal en la inequidad social. Acogemos las enseñanzas del Papa Paulo VI, en su encíclica Populorum Progressio, cuando al señalar que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, dice:”La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres” El logro de una país más justo tendrá origen en la organización y exigencias económicas, políticas y sociales de los mismos sectores populares. Las instituciones que conformamos la RNDP acompañaremos y promoveremos procesos de organizaciones sociales por la conquista y exigibilidad de sus derechos y de un país más equitativo.
- La defensa de recursos naturales: la naturaleza esta en la base de nuestra vida y nuestro desarrollo; generar un mayor y mejor desarrollo para el usufructo del hombre requiere un tratamiento respetuoso de la naturaleza, como el que nos enseñan nuestros hermanos indígenas. Los y las colombianos/as que amamos nuestro país no podemos menos que defender y respetar nuestro entorno.
- La democracia: el artículo primero de nuestra carta magna señala a Colombia como un Estado social de derecho, con una democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Nuestro quehacer institucional no puede menos que regirse por estos principios, defenderlos, promulgarlos y hacerlos respetar. Para nosotros y nosotras, formadores y formadoras en democracia y paz, estos principios serán rectores en nuestro trabajo. La activa participación de los sectores populares es una necesidad para que el Estado no sea reducto y botín de intereses particulares en detrimento del bien común.
Nosotros como otros sectores de la sociedad civil colombiana pedimos y exigimos al Gobierno Nacional y a las guerrillas de las FARC y el ELN para que de una vez por todas adelanten una negociación política que conduzca a una paz negociada. El país entero clama porque las diferencias sean resueltas sin tener que acudir a la eliminación o la violencia a los otros, sino por medio de acuerdos, que tengan como referente leyes justas que velen por el interés de todos los ciudadanos y cuidadanas.
Si las guerrillas quieren en verdad influir en cambios estructurales que hagan posible un país con mayor justicia y equidad social, lo podrán hacer por la presión y acción social y política civilista y no por medios violentos que no producen más que dolor, desolación y muerte.
El Estado Colombiano debe de manera contundente desactivar y combatir a las bandas paramilitares que continúan actuando e intimidando a la población en muchos lugares del país. Todo apoyo que brinden las fuerzas de seguridad del Estado a estos elementos de muerte y de terror las deslegitima.
Colombianos y colombianas, hagamos frente común en favor de la paz con justicia social, seamos solidarios con las víctimas de la violencia, unamos nuestras fuerzas en la lucha contra la pobreza, estemos atentos frente a todo acto de corrupción y de burla a la democracia.
Bogotá, D.C. 29 de Octubre de 2009.
